En 2009, Ecuador se encontraba ante la promesa de un desarrollo energético sin precedentes con la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Sinohydro Corporation, empresa reconocida internacionalmente por su experiencia en proyectos de esta envergadura, fue seleccionada para esta ambiciosa iniciativa. Técnicamente, de manera irrefutable, Coca Codo Sinclair funciona y bien. Lo ha demostrado en 8 años de operación con énfasis en la crisis energética en que su generación impidió que los apagones sean aún más largos.
La realidad operativa ha desvirtuado las supuestas críticas técnicas que se han realizaron en su contra sin sustento. Pero sus detractores seguían actuando por varios frentes: el proceso de construcción del inmenso proyecto se convirtió en pretexto para un laberinto de acusaciones y manipulaciones dentro de un proceso judicial tan burdo que pone en tela de duda la integridad del sistema legal ecuatoriano. Y el blanco de esto fue el constructor de la gran central, Sinohydro Corporation.
¿Cuál es el argumento? No existen evidencias que demuestren que la empresa ha actuado de manera irregular. No se entienden las razones que desencadenaron una serie de acusaciones por presuntos sobornos por 76 millones de dólares. La Fiscalía, liderada por Diana Salazar, formuló cargos contra el expresidente Lenin Moreno y otras 36 personas por el delito de cohecho en marzo de 2023.
La empresa presentó pruebas de descargo irrefutables, tanto que no está imputada en el proceso. Pero aun así, el caso ha sido un continuo desfile de irregularidades y retrasos que han puesto en entredicho la imparcialidad de la justicia ecuatoriana, llegando al extremo de cambiar el nombre del caso y ponerle el de la empresa, con el consiguiente daño reputacional que esto genera.
Las sucesivas postergaciones de las audiencias evaluatorias y preparatorias de juicio, supuestamente debido a la solicitud de asistencia penal internacional por parte de algunos procesados, levantan suspicacias sobre las verdaderas intenciones detrás de estos retrasos. ¿Acaso se trata de una estrategia para dilatar el proceso y socavar la búsqueda de la verdad?
Dudas sobre la veracidad de alegatos de los imputados y sobre la consistencia del sistema judicial para hacer cumplir las medidas cautelares han sido la tónica en la falta de avance y de decisión del juicio.
El caso INA Papers representa un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en Ecuador y pone de manifiesto las deficiencias de un sistema judicial que parece más interesado en la politización y la manipulación que en la búsqueda de la justicia.
La incertidumbre y la desconfianza que rodean el proceso son un recordatorio urgente de la despolitización de la justicia para garantizar la transparencia, la imparcialidad y el respeto por el debido proceso en el país.
Informa Ecuador
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Last modified: marzo 19, 2024
