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Ecuador y su estrategia de guerra contra la delincuencia

La decisión del Gobierno de Ecuador de aprobar la tenencia y porte de armas a los civiles para su defensa personal, aunque de manera regulada, ha sido cuestionada por considerarse una “estrategia de guerra” que agravará la ola de violencia que azota al país.

“Como ha ocurrido en diversos países, cuando se aplica la estrategia de guerra contra el narcotráfico el resultado es el crecimiento exponencial de la violencia y de la muerte”, advirtió en entrevista con la Agencia Sputnik el profesor Napoleón Saltos de la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Indoamericana.

El experto en temas de seguridad señaló que un ejemplo cercano para Ecuador es el Informe de la Verdad sobre la aplicación de 26 años del Plan Colombia y la estrategia de guerra contra el narcotráfico, que trajo más muertes y un clima de violencia inusitado en la nación vecina.

“El resultado es 260.000 muertes violentas, es decir 10.000 muertes al año, por lo cual esta es una estrategia fracasada para proteger la paz de la población”, aseveró.

Igualmente citó un estudio de John Burn-Murdoch, miembro del Instituto de Datos de la Escuela de Economía de Londres, el cual reveló que en EEUU la esperanza de vida se redujo entre tres y cuatro años en la última década por varias causas, entre estas el permiso del porte de las armas, en comparación con personas de similares estratos de Gran Bretaña.

Al profesor Saltos le preocupa que el aumento de la violencia pueda contribuir con un fenómeno similar en el país, especialmente entre los jóvenes que viven en situación de marginalidad en las provincias más afectadas por el narcotráfico y la incidencia del capital criminal, lo cual ya se ha venido observando en las provincias ecuatorianas de Guayas (suroeste) y Esmeraldas (norte).

Alerta que el uso indiscriminado de las armas puede elevar la criminalidad en el Ecuador, que cerró 2022 con un récord de 4.539 homicidios, atribuidos fundamentalmente a las disputas territoriales entre las bandas narcodelincuenciales, con lo cual la tasa se ubicó en 25,5 muertes por cada 100.000 habitantes, casi el doble con respecto a 2021.

Al respecto, el exministro del Interior Patricio Carrillo dijo en Twitter que el país exhibe una tasa de homicidios por armas de fuego muy alta (cerca del 90 por ciento) en ciudades de frontera y con infraestructura portuaria, y la tasa de resolución de casos de asesinatos con armas muy baja (menos del 10 por ciento).

Este año se anunció en Ecuador la reducción del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) como la importación de armas y municiones del 300 al 30 por ciento, porque, según el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arocemena, no recaudaba prácticamente nada.

Esa medida referida al impuesto no responde a la evidencia, según Carolina Andrade, experta en temas de seguridad e inteligencia, quien dijo al medio comunitario Wambra que esa en 2021 en el país cerca del 73 por ciento de los homicidios intencionales fueron ejecutados con un arma de fuego y en 2022 esa cifra se disparó al 86 por ciento.

El decreto Ejecutivo 707

El Decreto 707 firmado por el presidente Guillermo Lasso generó duras críticas por parte de expertos, universidades y analistas políticos, que señalan que es parte de una decisión errónea debido a que sus consecuencias podrían ser caóticas para el país, aun cuando sea regulada la tenencia y porte de armas.

El catedrático Saltos señala que un reglamento no puede reformar una ley, y en este caso el Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que legalmente se puede tener armas en casa para poder defenderse en casos de agresión, pero no portarlas, que es lo que dice el reglamento.

La Universidad Central del Ecuador coincide con esa consideración al señalar que el decreto no puede establecer infracciones y sanciones a través de normas de menor jerarquía que la Ley, ante lo cual advierte que “por esta razón el decreto vulnera el principio de legalidad prescrito en el numeral 2 del artículo 132 de la Constitución de la República del Ecuador”.

Entre los requisitos que deberán cumplir quienes aspiren a adquirir un arma, se establece tener 25 años de edad, un certificado de prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud y uno de destreza en el manejo y uso del arma otorgado por el Ministerio de Defensa, superar un examen toxicológico y no registrar denuncias de violencia de género, entre otros.

En una proclama, el movimiento social CPAZ (Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia) señaló que este documento es atentatorio contra la vida, los derechos humanos y la democracia y señala que la prohibición de la fabricación, registro, tenencia y uso de armas artesanales deja en indefensión a la población indígena ante los ataques de los sicarios, terratenientes y racistas.

Otras voces apuntan que respecto al nuevo rol que se le atribuye a los cuerpos de seguridad privados para la vigilancia ciudadana como fuerza auxiliar a los cuerpos del orden, el artículo 158 de la Constitución establece que la protección interna y el mantenimiento del orden público es una misión privativa de la Policía Nacional.

Varias universidades como la de Cuenca, la UTE, la Politécnica Nacional y la Politécnica Salesiana, la Universidad Nacional de Educación y la de Investigación Tecnológica de Yachay coincidieron en rechazar el Decreto 707 con el argumento de que la tenencia de armas no genera más seguridad, entre otras razones.

El exministro Carrillo señaló en Twitter que armar a la población es un “riesgo adicional” y calificó la decisión de “otro error forzado por las circunstancias”, en alusión a la situación que enfrenta el gobierno de crisis política frente al proceso de juicio político que afronta el presidente Lasso.

Más violencia y tráfico de armas

Para el profesor Saltos, este tipo de medidas termina abonando al crecimiento de la violencia y hace el juego al estado de guerra que les interesa a las mafias como condición para tener un control frente al temor, frente al miedo que se siembra en la población.

Además, anota que al dejar en las manos de la población civil su propia seguridad, el Estado está renunciando a su deber de reformar la justicia y las instituciones que han sido penetradas por el narcotráfico y el capital criminal.

“Esta es una estrategia que termina agotando la posibilidad de una reforma del Estado, de la justicia y la propia policía y las fuerzas armadas, como los primeros garantes de la Paz”, apuntó.

En su opinión, este es un plan que, en cambio, sí puede funcionar para elevar la violencia, el tráfico de armas y el control de poblaciones a través del miedo y apuntó que en Ecuador la tasa de muertes cada 100.000 habitantes supera incluso el promedio de Colombia y de México.

“¿Cuál va a ser la tendencia para el año que estamos viviendo cuando el Estado con esta declaración de permitir portar armas en nombre de la defensa para enfrentar a la delincuencia lo que está haciendo renunciando a la exigencia que tiene de reformar la justicia, de reformar las instituciones que han sido penetradas por el narcotráfico y el capital criminal?”, se cuestionó.

Estos males, dijo, tienen como primera raíz estructural los vínculos con altas esferas de poder económico y político local y transnacional, lo cual ya se está observando en este país suramericano.

“Esto es lo que estamos viviendo en el Ecuador, incluso con el caso “El Gran Padrino” y los efectos que tenemos ahora la muerte de Rubén Chérrez, uno de los operadores fundamentales en el vínculo con las mafias albanesas”, aseveró.

Chérrez, uno de los implicados en una presunta trama de corrupción en empresas públicas y nexos con el narcotráfico, fue asesinado la semana pasada, previo al inicio del trámite de juicio político contra el mandatario ecuatoriano por el presunto delito de peculado en el caso Gran Padrino.

El experto Saltos opina que la otra causa estructural (del narcotráfico y el capital criminal) es el abandono del Estado de amplias zonas marginales que se quedan sin servicios básicos de educación y salud y por lo tanto dejan a la juventud inerme (sin armas para su defensa) para poder ser controlada por las mafias, que se convierten en una forma de vida frente a la ausencia del Estado.

Aseveró que la medida de autorizar el porte de armas agravará la crisis en lugar de solucionarla y ahora Ecuador será un país de libre circulación de armas, donde habrá no solo mafias del narcotráfico, sino del tráfico de armas, por lo que se requiere una reacción fuerte de la población para detener este “afán guerrerista” del presidente Lasso.

Con información de Sputnik

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Last modified: abril 4, 2023

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