El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo, presentó una Acción de Protección contra el presidente Guillermo Lasso y su ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, por omisión de sus deberes.
Terán Carrillo, en calidad de ciudadano, presentó esta acción específicamente por omisión del deber en la proveduría de recursos económicos suficientes para el ejercicio de los derechos a la defensa, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, trabajo digno y seguridad jurídica de los usuarios del servicio de justicia.
De acuerdo con el documento que contiene la acción de protección, en los últimos diez años la Función Judicial ha sufrido una reducción presupuestaria de más de 200 millones de dólares.
Esta situación, según se explica desde el Consejo de la Judicatura, ha generado escenarios preocupantes, donde el acceso gratuito a la ciudadanía a la justicia se ejerce únicamente en una dimensión formal.
El Consejo de la Judicatura además señala que en 2013 se asignaron más de 550 millones de dólares a la Función Judicial, mientras que para el presente año, el presupuesto codificado es de 347,7 millones, monto que no es suficiente para financiar el gasto corriente de la Función Judicial, así como tampoco los proyectos de inversión y de modernización.
También se destaca que ante la evidente y pública situación de vulneración de derechos de los usuarios y trabajadores del sistema judicial, debe existir una reparación por parte de los órganos que, con sus omisiones, vulneran los derechos de protección, entre ellos, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.
Con el recurso interpuesto se pide que que la Presidencia de la República ordene al Ministerio de Finanzas consignar, a favor del Consejo de la Judicatura, el valor de 265 millones 650 mil 998 dólares con 80 centavos monto que constituye el déficit del gasto corriente del ejercicio fiscal 2023, con un recargo del 10% por cada día de retraso, en caso de incumplimiento del plazo otorgado, adicionado a esta suma global, los intereses legales y vigentes, a fin de que dichos valores de recargos sirvan para potenciar la confianza ciudadana en la Función Judicial.
Además, se solicita que se disponga que el Presidente de la República se comprometa a que ninguna autoridad de la Función Ejecutiva emita comunicaciones orientadas a incidir en una causa judicial, debiendo tener presente que cualquier pronunciamiento, acorde a estándares internacionales, solo se puede realizar una vez dictada la decisión definitiva, siempre que se cite y recurra a las fuentes oficiales.
Con información del Consejo de la Judicatura
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Last modified: abril 5, 2023
