El representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Jan Jarab, reclamó este miércoles una investigación de las vulneraciones a los derechos humanos que se cometieron durante la represión de las movilizaciones que tuvieron lugar en la provincia argentina de Jujuy (norte) para rechazar la reforma parcial de la Constitución local.
«Las autoridades, provinciales y nacionales, deben investigar con premura todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy», señaló el representante de la ONU en un comunicado.
El representante para América del Sur de Acnudh llamó a reducir las tensiones y a buscar el diálogo con la sociedad civil que se opone a la reforma de la carta magna provincial, la cual criminaliza la protesta social al prohibir los cortes de carretera, según los manifestantes.
Para Jarab, la reforma parcial de la Constitución de Jujuy aprobada y jurada el martes a instancias del gobernador provincial, Gerardo Morales, «presenta incongruencias con las normas internacionales de derechos humanos, abriendo espacio a retrocesos en materia de reunión pacífica».
Un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamara un empleo de la fuerza proporcionado en el contexto de las protestas, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU constató un «uso indebido de la fuerza por parte de agentes policiales».
«En el contexto de las manifestaciones se reportan detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes indígenas, de una legisladora provincial y de periodistas, además de obstrucción al trabajo de los activistas de derechos humanos», especificó.
Cuestionamientos al proceso
El funcionario de ONU cuestionó la reforma promovida por el gobernador de Jujuy, precandidato presidencial por la principal coalición del país, Juntos por el Cambio.
«El ejercicio efectivo del derecho a la participación es central para la democracia, en particular para dar legitimidad a un cuerpo legal tan trascendente como una Constitución provincial», advirtió Jarab.
En añadido, el proceso de reforma, que salió adelante en el tiempo récord de dos semanas, se llevó adelante sin la participación colegiada de todas las partes involucradas, «en especial de los pueblos indígenas».
Para la ONU, la modificación impuesta por el gobernador prohíbe cortar la circulación en calles y carreteras, cuando «la libre circulación vehicular y peatonal no debe anteponerse a la libertad de reunión pacífica ni a la participación democrática, pese a las perturbaciones que éstas puedan generar».
Según el representante para América del Sur, lo ocurrido en Jujuy se relaciona con la violencia institucional y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, por lo que convocó a generar un «diálogo constructivo e intercultural» y se puso a disposición para «acompañar al Estado argentino en sus esfuerzos para cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia».
En una carta enviada en la víspera al gobernador Morales, Jarab remarcó la preocupación de su oficina por la represión desencadenada por las fuerzas de seguridad y por las disposiciones que refleja la reforma constitucional aprobada ese mismo día, lo que provocó nuevas protestas que fueron reprimidas por parte de Infantería con balas de goma y gases lacrimógenos.
En su misiva, el representante para América del Sur recordó que en virtud de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, «la mera perturbación de la circulación del tráfico o de los peatones o de las actividades cotidianas no equivale a violencia».
Jarab también solicitó una reunión con Morales para evaluar abordar el impacto «que la implementación de la reforma constitucional provincial adoptada puede tener en el ejercicio de los derechos humanos».
Al menos 170 personas resultaron heridas -una de gravedad por sufrir un traumatismo de cráneo- y otras 68 fueron detenidas solo el martes en Jujuy durante la represión de las movilizaciones que tuvieron lugar en las inmediaciones de la Legislatura, donde se aprobó la controvertida reforma.
Tras varios días de movilizaciones en contra de la modificación de la carta magna, el mandatario provincial de Jujuy sí aceptó en la noche del lunes retirar de la reforma dos artículos aprobados el 15 de junio que versaban sobre los derechos de las comunidades indígenas y la posesión de las tierras.
En Jujuy, el 7,8 por ciento de la población se reconoce indígena, frente al 2,3 por ciento de los habitantes que en el resto del país se asumen como descendientes de los pueblos originarios, según el Censo Nacional de 2010.
Varios sindicatos docentes de todo el país convocaron una huelga de 48 horas mientras que miles de personas se manifestaron en la mañana de este miércoles en la capital argentina para protestar contra la represión en Jujuy.
Con información de Sputnik
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Last modified: junio 22, 2023
