En el 2020 la fiscal general del estado Diana Salazar compareció ante la asamblea para solicitar se le brinde plena independencia y autonomía a la Fiscalía General del Estado, esto con el fin de evitar tanto los problemas que se generan entorno a la ejecución presupuestaria, así como también en cuanto al adecuado manejo del talento humano lo que por consecuencia para ella significaría que podrían empezar a perseguir hechos delictivos con objetividad, algo que independiente del nivel de autonomía que tenga la fiscalía debería cumplirse en el seguimiento de cualquier caso.
Esta petición, dice Diana Salazar “la ejecuta como una funcionaria en lugar de una autoridad más” pues la autonomía de los fiscales y de las fiscalías brindarían una tutela judicial efectiva además le permitiría al organismo aumentar la cantidad de funcionarios para cubrir un abanico mucho más grande de casos en tiempos más cortos, lo que de cierta manera podría asegurar una mayor efectividad en la resolución y procesamiento de los culpables.
Dos años después el país finaliza el 2022 con una enorme escalada en cuanto a muertes violentas, que aumentó en un 82%, sumando 4.603 o 25 por cada 100.000 habitantes según el comandante general de la policía Fausto Salinas, lo que evidentemente exige un contingente mucho más amplio de funcionarios para la investigación individualizada y el acompañamiento de estos casos, por lo que para la consulta popular impulsada por el ejecutivo se plantea en la segunda pregunta dotar de la independencia que había solicitado la fiscalía con tanta insistencia en los últimos años. Sin embargo, la negativa al referéndum fue contundente, específicamente para la pregunta número 2, el 56.71% (CNE, 2023) le dijo que no.
Pero ¿por qué no se votó a favor de la independencia fiscal en el país? Esto puede ser debido a la poca aprobación que tiene la presidencia de Guillermo Lasso, sin embargo, también se puede leer como una clara respuesta de la sociedad civil a la inconformidad con los procesos judiciales que decide seguir la fiscalía y los que por el contrario convenientemente no sigue, por ejemplo, al hacer oficiales los resultados de la consulta popular la fiscalía instantáneamente reabre el caso Ina papers, investigación a Lenín Moreno y su círculo cercano por la captación ilegal de divisas.
Recordemos que uno de los principios para mantener la independencia de la fiscalía según el documento estándares internacionales sobre la autonomía de los fiscales y las fiscalías es la autonomía de esta respecto del Poder Ejecutivo, que debe traducirse no sólo en una autonomía orgánica y patrimonial, sino también en la garantía de que no habrá injerencia o presiones directas o indirectas que puedan provenir de esta rama del poder público. Explícitamente, de acuerdo a estándares internacionales, las instrucciones de no investigar en un caso concreto deberían estar prohibidas. (pérez, 2017, pág. 16).
Lo interesante es el contexto político en el que se reabre la investigación precisamente para esconder de alguna forma los graves escándalos de corrupción que enfrenta la presidencia asociados a la entrada ilegal de funcionarios a varias instituciones estatales importantes y también a la posible relación entre la presidencia y la mafia albanesa.
Por lo que, esa necesidad de autonomía cambia, empieza a tener un tinte completamente diferente pues es evidente que, desde el ejecutivo, se brindan directrices para un proceder que les resulte beneficioso en ciertas situaciones, lo que podría significar por otro lado que esa necesidad de autonomía responde a otros intereses, pues la fiscal general del estado recibiría órdenes desde la presidencia.
En conclusión, la fiscalía al ser un ente regulador judicial necesita efectivamente gozar de autonomía e independencia para cumplir con un rol objetivo y beneficiar en todos los casos a las partes afectadas por delitos, sin embargo, esta corre peligro cuando funciones estatales como el ejecutivo toman parte de lo que se puede y no se puede investigar, un gran ejemplo de esto es la actualidad política del país, pues pese a que el gobierno actual se encuentra enfrentando graves acusaciones por cohecho y vínculos con mafias la fiscal general del estado se encarga y pone en el foco de atención a una investigación abierta hace 4 años entendiendo que el tiempo de prescripción que tienen estas es de al menos dos años según la defensoría pública del Ecuador.
¿Qué se quiere esconder? ¿A quién Se quiere proteger? Son dudas que nos deja el proceder que ha tenido en las últimas semanas la fiscal Diana Salazar.
Informa Ecuador
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Last modified: marzo 30, 2023
