El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este sábado, con 104 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones, el informe de la comisión legislativa que recomendó el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, por su omisión respecto a un informe que reveló una presunta red de corrupción de empresas públicas y nexos con el narcotráfico en la cual fue implicado su cuñado, el empresario Danilo Carrera.
«Con 104 votos el Pleno Legislativo 851 aprueba el Informe del Gran Padrino: Delitos contra la Administración Pública y la Seguridad del Estado, elaborado y aprobado por la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha Contra la Corrupción», confirmó el órgano legislativo.
El debate, que se prolongó durante 7 horas, contó con la intervención de unos 40 legisladores que explicaron su voto, luego de la exposición inicial de Viviana Veloz, de la bancada opositora de la Unión por la Esperanza (UNES), quien encabezó la comisión legislativa ocasional a cargo de la investigación del caso «El Gran Padrino».
Veloz manifestó que una prueba «fehaciente» en este caso es el informe de una investigación del más alto nivel, coordinada entre las fuerzas de seguridad del Ecuador, en particular la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, conjuntamente con Inglaterra y EEUU.
Dicho informe señala vínculos de Carrera con el operador político Rubén Chérrez y con el ciudadano de origen albanés, Dritan Gjika, de lo cual fue informado el mandatario ecuatoriano sin que tomara acciones al respecto.
«El presidente conoció perfectamente de la investigación que se llevaba a cabo en el mes de julio de 2021; omitió actuar e incumplió con su deber de denunciar ante los órganos judiciales competentes los posibles delitos que se estaban perpetrando», dijo Veloz.
La comisión legislativa concluyó que el mandatario obstaculizó la aplicación de la justicia debido a que no denunció los hechos contenidos en el informe policial, y, por el contrario, este fue reservado.
Según los audios revelados por el medio de comunicación digital La Posta, la red de corrupción vendía cargos y contratos de las empresas públicas, y, además, se habría financiado con un millón y medio de dólares la campaña electoral de Lasso.
Trascendió que posteriormente, a la llegada de Lasso a la Presidencia, el Servicio de Rentas Internas eliminó a Albania del listado de paraísos fiscales, a lo cual se suma el decreto presidencial que concentró poder del gerente coordinador de empresas públicas, Hernán Luque Lecaro, ex alto funcionario del Banco de Guayaquil, de la familia de Lasso, lo que propició los presuntos actos de corrupción.
Según el informe legislativo, simultáneamente existen más de 40 denuncias penales presentadas por la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), María Sara Jijón, ante la Fiscal General del Estado por presuntas irregularidades en procesos de contratación en empresas públicas, a cargo del gobierno nacional.
En el debate parlamentario, Luis Almeida, del Partido Social Cristiano (PSC), dijo que el presidente es «culpable, porque no cumplió con la oferta electoral, no permitió y no hizo bajar los impuestos, no le cumplió a los hospitales con medicinas; no tiene una sola obra nueva y dónde están los 22.000 millones de dólares que han cobrado hasta este momento en impuestos, todo para pagar deuda externa».
El legislador Blasco Luna, de UNES, reconoció el trabajo de la comisión investigadora por su labor para elaborar este informe generado producto de la información y pruebas aportadas por quienes comparecieron a las sesiones y criticó a quienes no acudieron ante esta a rendir versión como el propio presidente.
«¿A qué le teme, Señor Lasso, por qué no vino acá a dar la cara y a defenderse, por qué no permitió que la cúpula policial venga a dar declaración y testimonio de lo que ha pasado con el narcotráfico», cuestionó.
La legisladora Rina Campain, del oficialista Movimiento CREO, criticó que la comisión investigadora cambió el argumento para solicitar el juicio político contra Lasso, por lo que, en su opinión, «está claro que lo que se trata es de buscar la argucia para asaltar el poder legalmente constituido, para romper el estado de derecho».
El legislador Marco Torres, de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), consideró que se busca generar inestabilidad política y volver al pasado, en que el país tenía nuevo presidente cada dos años.
«¿Queremos caotizar con paros, huelgas, mientras todos queremos producir?, pienso que no», señaló.
Una vez aprobado el informe de la comisión investigadora del caso «El Gran Padrino», renombrado como «Caso Encuentro» por la Fiscalía, un legislador deberá presentar el juicio político con el respaldo de otros 46 integrantes del órgano parlamentario, el cual será analizado por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL), que a su vez deberá proceder a su aprobación o no.
Si el CAL da paso a este proceso, debe enviar la solicitud a la Corte Constitucional para su examen; posteriormente, esta iniciativa regresa al Legislativo para continuar el trámite.
De ser enjuiciado el mandatario ecuatoriano, tendrá que abandonar el cargo, y le corresponderá al vicepresidente, Alfredo Borrero, asumir las funciones hasta terminar este mandato en 2025.
Con información de Sputnik
Last modified: marzo 4, 2023
