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Aborto con medicamentos amplía derechos de mujeres en Argentina

Viviana Mazur es médica en el Hospital Santojanni, en Mataderos, un barrio de clase trabajadora en Buenos Aires. Allí ha sido testigo de los avances en los derechos de las mujeres en Argentina, donde hasta 2020 el aborto solo se permitía en dos causas, mientras ahora basta una manifestación de voluntad, hasta las 14 semanas de embarazo.

“Hoy lo que vemos en el hospital es que la mayoría de las mujeres consulta muy precozmente;  en muchos casos lo hacen apenas registran un atraso en la menstruación. Esto permite que casi todos los abortos se resuelvan con medicamentos, en la propia casa de la mujer, con conserjería y control médico”, cuenta.

Mazur, quien también es coordinadora de Salud Sexual en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, explica que las ventajas del aborto con medicamentos por sobre el tradicional legrado quirúrgico uterino y otros métodos abortivos son muchas y desde distintos puntos de vista.

“Es menos traumático y menos riesgoso para la mujer y es menos costoso para el sistema de salud pública”, dice a IPS.

En la Argentina, como resultado de años de lucha del movimiento por los derechos de las mujeres, desde enero de 2021 el aborto desapareció del Código Penal. En la etapa final, llenaron las calles manifestaciones multitudinarias de mujeres, y también hombres, con pañuelos verdes, que se convirtieron en un símbolo de América Latina por el derecho a decidir.

Desde entonces la Ley 27 610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo permite a cualquier mujer acceder al aborto hasta la semana 14 de embarazo en forma gratuita y sin tener que explicar los motivos de su decisión.

“El aborto con medicamentos es menos traumático y menos riesgoso para la mujer y es menos costoso para el sistema de salud pública”: Viviana Mazur.

Hasta la vigencia de la ley, el acceso estaba fuertemente restringido: un fallo de la Corte Suprema Justicia vigente desde 2012 autorizaba lo que se llamaba la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), solo en caso de violación o de que la gestación pusiera en riesgo la vida o la salud de la mujer.

La ministra de Salud de la Argentina, Carla Vizzotti (C), sostiene el pañuelo verde que identifica al movimiento feminista que luchó por la legalización del aborto en Argentina. Imagen: Ministerio de Salud

Más abortos registrados en 2022

En 2022, primer año completo de vigencia de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, se realizaron 96 664 abortos en el sistema de salud público de este país sudamericano de 46 millones de habitantes, según datos oficiales. Esto marca un aumento importante con respecto a 2021, cuando habían sido 73 847, en parte por el incremento de los abortos en el sistema público.

“Más de 85% de los abortos de 2022 se realizaron con medicamentos”, dijo a IPS la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla.

“La buena noticia es que hoy son prácticas seguras en el marco del sistema de salud. De todas maneras, como hasta hace poco la mayoría de los abortos eran clandestinos, creemos que es pronto para sacar conclusiones en cuanto al número. Las cifras todavía se tienen que estabilizar”, añadió la funcionaria.

Isla explicó que desde su dirección se realizan capacitaciones para atender abortos a personal de salud de todo el país y que se distribuyen medicamentos para realizar la práctica, además de equipamiento para la aspiración manual endouterina, que es un procedimiento médico en consultorio  menos riesgoso que el legrado uterino, que se practica en un quirófano.

En este sentido, ha sido un gran paso adelante, desde 2022, la incorporación al sistema de salud argentino de la mifepristona que se suma al misoprostol, ya utilizado desde hace años para realizar abortos con medicamentos.

La combinación de la mifepristona y el misoprostol, denominado “combipack”, hace más eficientes y menos dolorosos para las mujeres los abortos, y de hecho la combinación de estos dos medicamentos para la interrupción del embarazo es uno de los esquemas recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2005.

El año pasado, la OMS ratificó a ambas como drogas esenciales para proveer servicios de salud de calidad y ratificó su eficacia y seguridad para el aborto.

Isla explicó que desde el año pasado el gobierno nacional distribuyó mifepristona en los hospitales públicos gracias a una donación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

Desde marzo de este año, la mifepristona ya está disponible plenamente también para el sistema privado de salud argentino, ya que la gubernamental Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Amnat) autorizó su venta en farmacias.

Esto permitió que el “combipack” se haya empezado a usar en los últimos meses también en el sistema privado de salud, donde hoy las mujeres también ven facilitado acceder a un aborto.

“En el día a día ha sido muy importante la incorporación de la mifepristona para hacer más fácil el aborto a las mujeres, porque permite que se use menos misoprostol, que disminuyan los efectos secundarios y que se transite todo el proceso en el hogar, con un control previo y posterior”, cuenta a IPS Florencia Grazzini, trabajadora social de una sala de atención primaria en el municipio de Lanús, en las afueras de Buenos Aires.

Grazzini empezó acompañando a mujeres que necesitaban acceder a un aborto mucho antes de la legalización de la interrupción voluntaria el embarazo. Trabajó durante años en la conserjería Kimelú, formada por activistas feministas que atendía la zona Sur del llamado Gran Buenos Aires.

Ella sostiene que ahora se ha facilitado enormemente el acceso el aborto, pero advierte que para algunas mujeres todavía la interrupción de la gestación es un estigma.

“A pesar de que con la ley no hay necesidad de armar una causal para embarazos de hasta 14 semanas, continúa apareciendo en las consultas la justificación de la decisión: ‘el discurso de la causa’, lo llamamos», destaca Grazzini.

Y añade: «Trabajamos para que las personas puedan compartir su situación cómo se sienten, pero no queremos que sientan que es necesario aclararlo para acceder a una interrupción del embarazo».

En ese sentido, cuenta que en la sala se les precisa a las mujeres que no necesitan explicar por qué desean abortar, aunque sí se les brinda asistencia sicológica a aquellas que lo piden.

El aborto inducido, además, encuentra a veces resistencia en los propios profesionales de la salud. Eso quedó reflejado en mayo, cuando el Ministerio de Salud actualizó el Protocolo de atención y exhortó a “eliminar todos los requisitos que no resulten clínicamente necesarios para la seguridad de la práctica del aborto”.

Concretamente se llamó a eliminar periodos de espera o reflexión y a no requerir el consentimiento de padres o parejas.

Un acto en el Ministerio de Salud en Buenos Aires, donde las militantes feministas mostraron sus pañuelos verdes y se manifestaron a favor de los derechos de las mujeres. Imagen: Ministerio de Salud

La necesidad de acompañamiento

Otro dato que muestra que la legalización del aborto no eliminó todas las barreras fácticas son los datos de Socorristas en Red, una organización de mujeres que brinda acompañamiento en todo el país a mujeres que necesitan abortar.

En 2022 esa red recibió 13 292 llamadas de mujeres que querían interrumpir sus embarazos.

De ellas, solo 10% abortó en el sistema de salud y el resto lo hizo de manera autogestionada. La organización les brindó asistencia sicológica, información, instrucciones, mensajes de Whastapp, llamadas telefónicas, compañía virtual y presencial de socorristas. Con todo ello encontraron mayor comodidad que en el sistema de salud.

A este cuadro lo completa la visible desigualdad en el acceso al aborto en distintas zonas del país.

Si bien, los hospitales y centro de salud públicos que realizan abortos alcanzaron en 2022 los 1793 -contra menos de 1000 que había en 2021- en algunas provincias la oferta es muy reducida. Por ejemplo, en las norteñas provincias de Santiago del Estero y Chaco hay solo ocho y nueve instituciones de salud que practican abortos.

“En algunos lugares existe cierta resistencia de los funcionarios y desconocimiento de los compañeros trabajadores sobre el  tratamiento ambulatorio con medicamentos”, comenta a IPS Ana Morillo, trabajadora social que se desempeña en la provincia de Córdoba, en el centro del país.

Morillo, quien es activista e integra la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y también la organización Católicas por el Derecho a Decidir, afirma que el trabajo de incidencia del movimiento por los derechos de las mujeres ha conseguido que hoy Córdoba sea una de las provincias con mayor acceso, ya que hay 180 hospitales y centros de salud que realiza abortos.

“Las mayores desigualdades se dan entre las ciudades y las zonas rurales, donde es mucho más difícil acceder a un aborto. En esas disparidades que tenemos en el país es donde más tenemos todavía que trabajar”, concluye.

Con información de IPS

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Last modified: junio 17, 2023

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