17AGO23.- Asesinatos de políticos, balaceras en las calles y sangrientos motines en distintas cárceles fueron algunas de las aterradoras noticias que sacudieron a los ecuatorianos este 2023, que puede llegar a ser el año más violento en la historia de un país que en unos días elige un nuevo Gobierno y cuya prioridad será devolver la paz a sus ciudadanos.
En este violento contexto, que terminó de confirmarse con el homicidio del candidato Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto, los ocho binomios presidenciales dan especial relevancia a sus propuestas sobre seguridad pública.
Mario Pazmiño, analista internacional en seguridad y defensa y exdirector de Inteligencia, dijo a la Agencia Sputnik que el crimen organizado está tomando el lugar del Estado.
«Lo que está pasando es una gobernanza criminal, y al hablar de gobernanza criminal estoy diciendo que el Estado está siendo retirado de sus funciones constitucionales y (estas) están siendo cooptadas por el crimen organizado», aseveró.
Según datos de la Policía Nacional, durante el primer semestre del año Ecuador registró una tasa de 16,02 homicidios por cada 100.000 habitantes, con un promedio diario de 19,6 asesinatos.
En los primeros seis meses de 2023 se reportaron 3.568 homicidios, mientras que en el mismo período de 2022 se habían contabilizado 2.042, por lo que la cifra de asesinatos registrada este año representa un incremento de 74,73 por ciento de las muertes violentas.
El 2022 cerró con 4.603 homicidios, la mayor cifra registrada en el país y una tasa de 26,68 asesinatos cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina, detrás de Venezuela, Honduras y Colombia, de acuerdo a datos de la fundación Insight Crime, especializada en el tema.
Según especialistas, de mantenerse la tendencia, en 2025 este país sudamericano podría superar los 45 homicidios por cada 100.000 habitantes y con ello convertirse en el más violento de América Latina.
De hecho, ya hay ciudades en Ecuador tasas de asesinato que se ubican entre las más altas en el mundo.
Es el caso de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, que en 2022 estuvo entre las 25 ciudades más violentas del mundo, con 1.537 asesinatos y una tasa de 47,7 homicidios cada 100.000 habitantes, avanzando 26 puestos en tan solo un año.
El Gobierno que preside Guillermo Lasso atribuye la situación que vive el país a las disputas de territorio por los grupos delincuenciales organizados para sus operaciones ilícitas de tráfico de drogas.
Poco espacio de maniobra
El panorama parece no tener una solución a corto plazo, pero los candidatos han enfocado sus propuestas en la problemática de la inseguridad.
Entre los cuatro candidatos que se perfilan con más chances de pasar a la segunda vuelta, hay aspectos generales en común en lo que respecta a la seguridad pública, aunque también varias diferencias.
Luisa González (Revolución Ciudadana, izquierda) propone reestructurar los ministerios del Interior y de Gobierno y efectuar una «depuración» tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, para «ver quiénes están involucrados con las bandas delictivas y con el narcotráfico», según explica la candidata en un video publicado en la red social TikTok.
La postulante correísta quiere además retomar el control estatal sobre el sistema de rehabilitación social y reafirmar el monopolio del Estado sobre las armas.
El millonario empresario Jan Topic (Partido Social Cristiano, derecha) propone un plan de seguridad de cuatro ejes: control fronterizo, control de las cárceles, equipamiento para la policía e integración de los servicios de Inteligencia.
El exsoldado, quien ha manifestado su admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conocido por su polémica política de seguridad contra las pandillas, asegura que su Gobierno recuperará el control de las 36 cárceles que hay en el país y promete construir otras dos en las provincias de Guayas y de Pichincha.
Por su parte, Yaku Pérez (Movimiento Somos Agua, centro) afirma que será firme para ejecutar acciones que permitan reducir los índices de delitos y para ello implementará el patrullaje constante en las calles, promoverá la profesionalización de la Policía Nacional y el trabajo con las comunidades para mejorar el acceso a salud y educación.
Quien fuera el candidato presidencial por el movimiento indígena Pachakutik durante las elecciones de 2019 asegura que la política de combate a la delincuencia del actual Gobierno ha fracasado y por ese motivo se enfocará en enfrentar las causas que han llevado al país a esta situación.
Villavicencio, asesinado la semana pasada en Quito, era uno de los presidenciables que más había centrado su discurso en el combate al narcotráfico y el crimen organizado.
El candidato del movimiento Gente Buena-Construye (derecha), que será reemplazado por el periodista Christian Zurita, proponía un abordaje multidimensional para la seguridad, que incluye aspectos económicos, sanitarios y ambientales.
El programa de Villavicencio, que retoma Zurita, promete depurar las instituciones de seguridad y justicia y entre sus principales propuestas figura la lucha contra la corrupción en el sector público.
Además, propone crear una universidad para la Policía Nacional y convocar a oficiales profesionales para elaborar un programa integral de prevención, inteligencia e investigación de las estructuras criminales.
Para Pazmiño, la situación actual en términos de seguridad y la realidad económica del país hacen que gane quien gane en las urnas «tendrá poco espacio de maniobra por el tiempo y presupuesto, por lo que la sociedad ecuatoriana va a seguir en la indefensión».
Año sangriento
La violencia política marcó este 2023 electoral en Ecuador.
En enero fue ejecutado de varios disparos el candidato a la alcaldía del cantón Salinas, Julio César Farachio.
También a balazos fue muerto el 5 de febrero el candidato para la alcaldía de Puerto López, Omar Menéndez, asesinado horas antes de que abrieran las urnas para las elecciones seccionales, en las que resultó ser el postulante más votado.
En julio fue asesinado de seis disparos el alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, y tres tiros mataron a Rider Sánchez, quien buscaba un puesto entre los 137 que están en disputa para ocupar un curul en la Asamblea Nacional en las elecciones de este domingo.
Finalmente, el 9 de agosto fue asesinado Villavicencio, en un episodio que conmocionó al país y a la región, por tratarse de un candidato presidencial.
En línea con el presidente, la Policía Nacional atribuye el 90 por ciento de los homicidios a la violencia relacionada a la lucha por territorio y áreas de influencia entre bandas criminales dedicadas al crimen organizado.
Juan Zapata, ministro del Interior, dijo a medios locales que 83 por ciento de las muertes violentas se localiza en las provincias de Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Guayas y Manabí, ubicadas en la llamada ‘ruta de la droga’, principalmente en la zona costera del país.
En opinión de Pazmiño, un Gobierno de transición, que ejercerá apenas hasta mayo de 2025, podría diseñar políticas públicas nacionales de largo plazo que le permitan a la administración siguiente «tener habilitado el camino para poder empezar a trabajar».
El coronel en servicio pasivo propone cinco soluciones que considera necesarias para la seguridad de Ecuador, como son taponar la frontera norte para cortar el tráfico al interior del país, militarizar puertos y aeropuertos para evitar la salida de droga, cambiar el esquema de seguridad ciudadana con patrullajes 24 horas al día y la reingeniería total del sistema carcelario y del sistema de justicia.
Pazmiño espera que quienes lleguen al Palacio de Carondelet puedan aplicar estas medidas para evitar que Ecuador toque fondo y alerta que, para ello, «se deben atender las necesidades sociales para tener éxito en combatir el crimen organizado transnacional».
Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para votar este domingo en las primeras elecciones extraordinarias que tendrá este país tras la aprobación de la Constitución de 2008, que contempla el mecanismo conocido como «muerte cruzada», aplicado el pasado 17 de mayo por el presidente Guillermo Lasso.
La figura establece la disolución simultánea de los poderes Ejecutivo y Legislativo y la convocatoria anticipada de elecciones.
Los ecuatorianos elegirán un nuevo presidente, que conducirá los destinos de la nación desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2025 y también escogerán a los 137 integrantes del Parlamento.
Además, responderán a dos consultas populares, una que busca erradicar la explotación petrolera en un bloque del Parque Nacional Yasuní y otra para suspender la explotación minera en el Chocó Andino, la séptima reserva de la biosfera del país, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
En caso de que ningún candidato obtenga 50 por ciento más uno de los votos válidos, o 40 por ciento de los votos y diez puntos de diferencia sobre el segundo, habrá balotaje, que se disputará el 15 de octubre.
Con información de Sputnik
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Last modified: agosto 17, 2023
