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Comunidad LGBTI de Ecuador, a merced de la violencia y la exclusión

La comunidad ecuatoriana LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) no es ajena a la violencia que afecta a este país suramericano, donde en 2022 murieron 25 de sus integrantes, sin que se vislumbre la justicia en muchos de los casos.

«Mientras aumentan los asesinatos en regulares en la población en general, esa violencia estructural también aumenta contra la población LGBTI, y en este caso especialmente en las mujeres trans, o sea los transfemicidios», dijo a la Agencia Sputnik la presidenta de la Asociación «Silueta X», Diane Rodríguez.

El 2022 fue el año más violento de la historia de Ecuador, con un reporte de 4.539 víctimas de sicariatos, asesinatos, femicidios, robos con violencia, ataques con explosivos y con armas de fuego.

El año pasado la tasa de homicidios en el país creció a 25,5 muertes por cada 100.000 habitantes, casi el doble con respecto a 2021.

Según el informe de 2022 Runa Sipiy (que significa en idioma kichwa asesinatos hacia las poblaciones LGBTI), si en 2020 se registraron 14 víctimas de esta comunidad; en 2021 sumaron 15 y este año subió a 25, 16 de estos correspondientes a mujeres trans, 4 gays, 2 lesbianas, 1 hombre trans y 2 hombres cisgénero (persona en la cual coinciden identidad de género y sexo asignado al nacer).

De las 24 provincias ecuatorianas, Guayas (suroeste) es la más impactada por este flagelo, con 9 homicidios; seguida de Esmeraldas (norte), Los Ríos y El Oro, con tres cada una; Cañar con 2 y Cotopaxi, Tungurahua, Manabí, Santa Elena y Azuay con 1 cada una.

Las cifras representan un incremento del 83 por ciento con respecto al año precedente (2021), mientras el promedio de asesinatos desde 2019 es de 19 cada año, de acuerdo con Silueta X.

En el caso de Guayas, cuya capital es Guayaquil, la psicóloga Rodríguez señaló que ello guarda relación con el hecho de que esta sea una ciudad portuaria impactada por la criminalidad y las operaciones de las bandas narcotraficantes que se están disputando territorio actualmente para sus actividades ilícitas.

El informe alerta que, a la vez que han aumentado los hechos, también se evidencia un incremento del nivel de violencia ejercido contra las víctimas, mientras muchos de los casos quedan en la impunidad.

«El nivel de violencia crece y crece por supuesto también la violencia en contra de nuestras poblaciones», alertó Rodríguez.

Derechos escamoteados

Rodríguez, quien en 2017 se convirtió en la primera persona transexual elegida en las urnas como legisladora alterna en la Asamblea Nacional (parlamento) de Ecuador, ve una regresión en términos de derechos para los integrantes de esta comunidad, en particular en el ámbito de la justicia, lo cual es evidente aún más con el incremento de los hechos violentos registrados en el país.

«El tema de justicia es bien complicado en el país porque si bien es cierto nosotros hacemos la denuncia pública, ya sea por el canal que hayamos obtenido la información de un asesinato, por ejemplo, nosotros desde hace varios años ya no tenemos conocimientos sobre en qué situación se encuentra cada caso», indicó.

Según expone, ya no existe una conexión directa entre las agrupaciones de la sociedad civil y el gobierno, como si existió en el pasado reciente, lo cual dificulta el acceso a conocer el estado de los trámites, ya sea si hay una detención de un miembro de la comunidad o si ha recibido una sanción por un delito.

En particular resalta el trabajo con la Subsecretaría de las Diversidades, que ahora forma parte del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero no así como la Fiscalía General del Estado, lo cual dificulta darle seguimiento a los casos.

«Nos hemos topado con barbaridades y, por ejemplo cuando se trata de un transfemicidio, a veces la Policía le indica los familiares o amigos que presenten la denuncia porque si no la van a archivar, y eso es absurdo porque si estamos ante una muerte violenta, la Fiscalía debe hacer denunciar de oficio porque ese es su trabajo no de las organizaciones de la sociedad civil», anotó.

«Debe ser así porque somos un organismo que desde el año 2012 hemos estado pendiente de esta problemática y ya eso no funciona de esa manera porque estamos como en el limbo institucional, en el que lamentablemente no se pueden conocer los casos en qué situación están», aseveró.

De hecho, el informe Runa Sipiy se nutre de la recopilación de informaciones publicadas por los medios de comunicación y de los datos obtenidos a través del comité de vigilancia en justicia y derechos humanos para el Sumak Kawsay Trans -LGBT, del Centro Psico Trans de la Asociación Silueta X, y no con estadística proporcionada por instituciones oficiales.

«Al igual que años anteriores, este informe no cuenta con información pertinente por parte de las autoridades que permita comprender si la causa está abierta, en investigación o existe alguna condena», devela el documento.

Omisión, exclusión, discriminación

La comunidad LGBTI ecuatoriana padece, como en otros países, el estigma de una sociedad machista y conservadora, que les excluye incluso de aquellos derechos elementales como el acceso al trabajo, a la educación y a la salud pública.

«Si hablamos de salud, las poblaciones LGBTI no podemos ir normalmente a un hospital porque somos maltratados, somos omitidos, a veces somos obviamente cuestionados, incluso por los propios médicos por nuestro estilo de vida», relató.

Expone que cuentan con denuncias debido a un trato «diferenciado negativo» hacia los integrantes de la comunidad con respeto al resto de los pacientes, e incluso han constatado que la negación del servicio.

Respecto al acceso al empleo, ocurre algo similar, ya que les niegan las plazas pese a tener en ocasiones un alto nivel académico, mientras es muy rara la apertura de plazas para personas LGBTI tanto en la empresa privada como en el sector público.

«En la Subsecretaría de Diversidad sí encontramos apertura pero en otras carteras no. Nosotros podemos entender que el comportamiento que tiene la actual gobierno es una especie «apartheid», o sea para acá la población LGBTI, por allá el resto de hetero (sexuales); más o menos así y de eso no se trata se trata de incluir», aseveró.

En cuanto a la educación, puede palpar una situación similar, específicamente cuando se trata de poblaciones transexuales, en particular para ingresar a los baños.

«Sufren con el uso de baño y depositar nuestras necesidades fisiológicas se ha convertido en un problema para muchos estudiantes que son trans», anotó.

Se refirió a un caso reciente de dos niñas lesbianas que se besaron en un colegio en Guayaquil y ahora una de ellas enfrenta un proceso que podría derivar en su expulsión del centro escolar, lo cual, en su opinión, habría sido diferente si hubieran dos heterosexuales.

«Todo este tipo de cuestiones estructurales que existen en el momento no tienen en el momento una solución», aseveró.

Por el momento Silueta X y otras organizaciones que representan a esta comunidad LGBTI le están apostando a las redes sociales, tanto para hacer una labor de educación como para denunciar situaciones de vulneración de derechos y amplificar sus mensajes de solicitud de ayuda al gobierno y a las entidades que participan en la aplicación de la justicia.

Diane Rodríguez considera que este panorama que enfrentan confirma a las organizaciones como Silueta X y la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI el trabajo que resta por delante continuar su lucha por reivindicar derechos y educar a la sociedad.

Con información de Sputnik

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Last modified: marzo 3, 2023

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