Durante la crisis política que atraviesa el Perú desde el 7 de diciembre de 2022, el departamento de Puno, en el sur del país, ha sido foco de hechos violentos particularmente graves, como los casos de Juliaca y Juli, por lo que defensores de derechos humanos exigieron respeto a la dignidad de los manifestantes.
Este 6 de marzo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos condenó la represión y los hechos de violencia particularmente registrados en Puno y llamó a detener acciones que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, han dejado un saldo de 65 personas fallecidas durante hechos represivos, 59 civiles, un policía y cinco militares.
El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, acusó la Coordinadora mediante un comunicado, ha perpetrado una «constante provocación a la población, consistente en un trato violento y discriminatorio».
La Policía Nacional del Perú (PNP) solo emitió un «tímido» pronunciamiento en que promete investigar y esclarecer los hechos, recriminó la Coordinadora.
Puno ha sido escenario de algunos de los hechos violentos más significativos registrados durante la crisis política, en la que miles de peruanas y peruanos han salido a las calles desde el 7 de diciembre en protesta por la determinación del Congreso de vacar al entonces presidente Pedro Castillo.
Los inconformes, además, exigen la renuncia de la presidenta Boluarte, el adelanto de elecciones, la disolución del poder legislativo que destituyó a Castillo y, además, convocar a una asamblea constituyente para echar atrás la actual carta magna que rige en el país sudamericano, ratificada por el entonces presidente Alberto Fujimori en 1993.
En Juliaca, por ejemplo, una jornada de choque con fuerzas de seguridad produjo la muerte de 18 manifestantes a inicios de enero, mientras que en Juli se denunció que un helicóptero hostilizó a manifestantes con gases lacrimógenos a inicios de marzo.
Además, en Ilave, también en Puno, fallecieron seis elementos del Ministerio de Defensa durante un choque con los manifestantes, pues se ahogaron en un río mientras huían, de acuerdo con la dependencia.
En ese contexto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos peruana consideró que estas agresiones persistidas no contribuyen a la paz, y en cambio «pueden escalar y perjudicar gravemente a la población de Puno, Juliaca, Ilave, Juli, es decir, de toda la región de Puno».
Los pobladores de Puno, recordó el organismo defensor, tienen derecho a la protesta y la Policía Nacional lo está violando al reprenderlos. «La demanda de justicia no puede ser soslayada con promesas de obras o desarrollo», abundó.
Con información de Sputnik
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Last modified: marzo 7, 2023
