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La Iglesia Católica de Bolivia convence a niña violada de no abortar y reaviva polémica

La Iglesia Católica de Bolivia la convenció a último momento de no abortar, desatando la furia de gobernantes, fiscales, activistas y cibernautas que salieron en defensa de la niña violada, de apenas 11 años.

El caso reavivó el debate sobre la despenalización plena de la interrupción del embarazo en un país en el que la ley aborda el problema de forma ambigua, tipificada en el Código Penal como un delito y fijando solo excepciones para su realización.

La menor, criada en un hogar disfuncional con antecedentes de graves maltratos por razón de género, llegó con su madre el pasado fin de semana a Santa Cruz (este), donde fue internada en un hospital público para realizarse un aborto que quedó programado para el martes 26, según reportes de medios.

Todo parecía desarrollarse como uno más de los centenares de casos de violaciones seguidas de embarazo que golpean a la sociedad boliviana, generalmente en silencio, hasta que el arzobispo cruceño, Sergio Gualberti, denunció el lunes que «un crimen no se soluciona con otro crimen, el aborto no remedia la violación ni da tranquilidad a las conciencias».

La declaración del prelado, respaldada luego por un comunicado de la Conferencia Episcopal, fue seguida por la decisión de la madre de desistir del aborto cuando la menor, con 20 semanas de embarazo, estaba prácticamente rumbo al quirófano.

En rápida sucesión de hechos, el hospital dio de alta a la menor en la tarde del martes y al llegar la noche ella estaba ya en una casa de acogida de la Iglesia, donde recibiría atención hasta que dé a luz, según anunció el Arzobispado cruceño.

Fiscales, activistas y la Defensoría del Pueblo que habían acompañado la decisión inicial de la niña de interrumpir el embarazo no tardaron en denunciar la intromisión eclesiástica como una violación de derechos.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Carlos Lara, relató al diario local La Razón que el proceso de aborto ya se había iniciado, «pero por factores externos, no establecidos en la norma, la niña tuvo la visita de terceras personas, (…) que indujeron para que cambie de opinión con ofertas y promesas (…) y luego también se habló un poco de la posibilidad de adopción, situaciones vulneran derechos y la normativa».

POLÉMICA

«Lamentamos que algunas instituciones se sientan con la autoridad de impedir la interrupción legal de un embarazo, bajo criterios aleccionadores y morales; esto es un acto flagrante de violación a los derechos de esta niña», dijo vía Twitter el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señalando que «desde ningún punto de vista obligar a dar a luz a una niña puede ser algo correcto».

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, calificó de «acto delincuencial» a la supuesta presión de la Iglesia sobre la familia de la menor y anunció que enviará una queja al papa Francisco y eventualmente un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que describió como «torturas a una niña».

Cruz denunció que la presión eclesiástica sobre la familia iba contra una sentencia del Tribunal Constitucional (TCP) que estableció en 2014 que el aborto puede realizarse a sola petición de la víctima, sin más trámites, si el embarazo es producto de violación, incesto y estupro, o hay riesgo de salud de la mujer.

La Conferencia Episcopal replicó que esa sentencia del TCP «de ninguna manera puede entenderse como una forma de legalización del aborto, (que) sigue siendo un delito en Bolivia y no existe una interrupción legal del embarazo».

El cruce hacía recordar protestas lideradas por varias iglesias, incluida la católica, y opositores de derecha que hace tres años lograron bloquear una amplia reforma judicial que incluía una ampliación de las causas por las cuales el aborto estaría despenalizado.

«ABUELASTRO»

El drama de la niña encaminada ahora a ser madre reveló una dramática historia de disfunción familiar en la que otra hija de la misma familia fue también agredida sexualmente.

La primera violación fue relatada al diario El Deber por la madre, quien dijo que en 2016 se separó del padre de sus tres hijas:

«Ese año (2016) me llevé a dos de mis hijas a vivir a Yapacaní (pueblo rural de Santa Cruz), una se quedó con su papá. La que se quedó con el papá en ese tiempo tenía 10 años. Un año más tarde, cuando fui a visitarla, me contó que su padre la había violado».

La segunda violación fue narrada así por el mismo medio:

«La madre explicó que, junto con su nueva pareja se fue a trabajar a La Paz y su niña de 11 años se quedó en la casa de su abuelastro. Cuando regresó, descubrió que la menor de edad había sido violada y como consecuencia del ultraje quedó embarazada».

Según un testimonio de la niña de 11 años a psicólogos que participaron en el trámite del aborto frustrado -publicado por El Deber- ella no denunció el crimen para evitar que su familia vuelva a separarse y su hermanita menor quede sin padrastro.

«No le dije a mamá porque quise a mi padrastro como a un padre y tenía miedo de que mi hermanita creciera y me culpara de estar lejos de su padre, y seguro mi madre se va a separar (…). No quería que mi madre se pusiera triste», relató.

El padre biológico que cometió la primera violación cumple condena en una cárcel cruceña.

El padre del actual padrastro acusado de la segunda violación está detenido en espera de proceso.

Con información de Agencia Sputnik

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Last modified: enero 29, 2023

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