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Un caso con el nombre equivocado: Análisis crítico del proceso 

El caso mal llamado Sinohydro ha suscitado una atención considerable por las irregularidades observadas en el proceder de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano. Este es un análisis crítico de eventos y decisiones clave en este proceso legal, destacando las inconsistencias y controversias que han marcado su desarrollo.

El proceso se remonta a 2009, cuando Sinohydro Corporation ganó la licitación para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Sin embargo, hubo acusaciones infundadas de corrupción ocurridas en diciembre de 2010, cuando se habrían realizadotransferencias de la empresa a la cuenta de la empresa ecuatoriana Comercial Recorsa C.A. en un banco dePanamá.

El 5 de marzo de 2023, la Fiscal General Diana Salazar anunció la formulación de cargos contra el expresidente Lenín Moreno y 36 personas más, acusándolos del delito de cohecho, tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este artículo sanciona a los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones, reciban o acepten beneficios indebidos para favorecer, omitir, agilizar o retardar actos relacionados con sus funciones. Las penas varían de tres a diez años de prisión, dependiendo de la gravedad de la conducta y su relación con otros delitos.

Desde la formulación de cargos, el proceso ha estado plagado de demoras e irregularidades. La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, inicialmente convocada para el 26 de julio de 2023, y posteriormente para el 15 de septiembre del mismo año, se ha diferido en múltiples ocasiones. Los procesados solicitaron una Asistencia Penal Internacional (API) para certificar su participación en empresas en España, una medida que la fiscalía aseguró que es crucial para esclarecer el movimiento de sobornos. Sin embargo, esta API no ha sido recibida, lo que ha impedido la realización de la audiencia, destacando una gestión deficiente y falta de celeridad por parte de la fiscalía.

Además, la decisión de mantener en libertad a 15 de los casi 40 procesados y permitirles comparecer de manera telemática o presencial periódicamente, según el artículo 522 del COIP, ha sido objeto de críticas. Estas medidas se perciben como insuficientes para garantizar la justicia y la transparencia, especialmente cuando algunos de los procesados, como el expresidente Moreno, han presentado justificativos médicos para retrasar su comparecencia física en Ecuador.

La Fiscalía ha mostrado una falta de consistencia en su proceder, evidenciada en las múltiples postergaciones y en la ineficiencia para recibir la API. Esta situación ha prolongado el proceso de manera indefinida, generando una percepción de parcialidad y falta de compromiso en la lucha contra la corrupción. Los diferimientos continuos han permitido que muchos de los acusados evadan una resolución rápida, afectando la confianza pública en el sistema judicial.

La ratificación de medidas cautelares menos severas para algunos procesados y la permisividad mostrada hacia las justificaciones presentadas, como el caso de Moreno, quien argumentó problemas de salud para no presentarse en Ecuador, cuestionan la rigurosidad del sistema judicial. La fiscalía, en su rol de guardián de la legalidad, debería actuar con mayor firmeza y transparencia para evitar cualquier sospecha de favoritismo o negligencia.

Con la instrucción fiscal concluida, es esencial que la fiscalía establezca una fecha y hora definitivas para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en conformidad con el artículo 600 del COIP. Esta audiencia debe ser conducida de manera diligente, abordando todas las cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y validez procesal. La fiscalía debe demostrar un compromiso renovado con la transparencia y la eficiencia, evitando cualquier retraso innecesario y garantizando que los elementos de convicción sean evaluados de manera imparcial.

Es crucial que la fiscalía revise y corrija las deficiencias en su gestión, acelerando los procesos de asistencia penal internacional y asegurando que las medidas cautelares sean adecuadas y estrictas para todos los implicados. La percepción pública y la credibilidad del sistema judicial dependen de una gestión transparente y eficaz de este caso.

El caso Sinohydro es emblemático de los desafíos que enfrenta Ecuador en la lucha contra la corrupción. Las irregularidades y demoras en el proceso legal reflejan una fiscalía que necesita reforzar su compromiso con la justicia y la transparencia. Solo a través de un proceder más riguroso y transparente se podrá restaurar la confianza en el sistema judicial y asegurar que los responsables de actos de corrupción enfrenten las consecuencias adecuadas de sus acciones.

Informa Ecuador

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Last modified: julio 9, 2024

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