La opinión pública sigue sorprendida ante la ausencia de cambio de medidas cautelares para el ex presidente Lenín Moreno en el caso Sinohydro, quien evidentemente incumplió con las disposiciones de presentación periódica en el país.
Es una más de las irregularidades del caso que se ha dilatado al extremo de que aún no se convoca a audiencia de instalación de juicio tras cinco años, cuando inició como INA Papers y mutó, por una injustificada disposición fiscal, a llamarse caso “Sinohydro”.
En este nuevo episodio, la Fiscalía socapó a Moreno y pidió prisión preventiva a otros acusados, en idéntica situación que el exmandatario, y fue aún más allá: fuera de toda lógica, sin que haya juicio en curso, pidió la difusión roja para tres acusados, y la jueza a cargo admitió para uno de ellos.
Los medios de comunicación se han limitado a informar sobre la decisión de la jueza y no han profundizado más, dentro de una coyuntura política que copa la atención en otros temas como los casos Purga y Plaga y las infidencias del asambleísta Ronny Aleaga sobre supuestas conversaciones mantenidas con la Fiscal Diana Salazar.
Sin embargo, Esteban Ballesteros, abogado defensor de los esposos María Auxiliadora Patiño y Xavier Macías Carmigniani, hizo una denuncia adicional a este caso, al indicar que no se hicieron válidos los certificados de salud presentados por los esposos Macías Patiño, pero sí los de Moreno y de su cónyuge, Rocío González.
¿Por qué estas diferencias en el proceso? Ballesteros explicó que la pareja a la que representa se ha presentado mensualmente ante la embajada de Ecuador en Panamá para demostrar su voluntad de comparecer y que ha presentado certificados médicos por los que no pueden viajar a Ecuador.
Para ellos no sirve la justificación, pero para Moreno y González, que se han presentado en Uruguay ante la delegación diplomática del Ecuador y han presentado certificados de salud como justificación, sí se hace válido.
La instalación del juicio permanece sin fecha en un proceso en que evidentemente hay importantes problemas que, en su momento, puntualizó el Observatorio de Derecho y Justicia en un informe de veeduría del debido proceso en este caso en que señala, entre otros puntos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispone que las garantías del debido proceso deben aplicarse desde su inicio, cosa que no ha ocurrido en este caso.
El problema fundamental en el caso -y es vox pópuli-, llamado con el nombre de una empresa que no está imputada, es que no existe delito de cohecho ya que para qué exista necesariamente deben participar funcionarios públicos. Ninguno de los procesados lo era. ¿Cuál es la velada intención de este juicio? El tiempo lo dirá.
Informa Ecuador
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Last modified: abril 4, 2024
