La fiscalía general del Estado de Ecuador ha abierto el caso Ina Papers, en el que se investigan presuntas irregularidades de cohecho cometidas por el ex presidente ecuatoriano Lenin Moreno y su familia bautizándolo como Caso Sinohydro. Sin embargo, algunas voces críticas sugieren que este caso se está utilizado como una cortina de humo para encubrir casos de corrupción en el gobierno actual, en los que se acusa a ministros de estado estar vinculados al tráfico de influencias e incluso con bandas de crimen organizado.
El caso Ina Papers ha servido a la fiscalía (quienes después de la última consulta popular no gozan de la autonomía que le solicitaban al ejecutivo) para encubrir el bombardeo al que se ve sometido el gobierno actual, gracias al denominado caso encuentro y la influencia que ejercía, el cuñado del presidente, tanto para la elección de altos funcionarios, como para los contratos que estos mismos iban a supervisar posteriormente.
Lo que admira realmente a la población es en sí el intento evidente de desviar la atención que se le estaba dando al Caso Encuentro, sin embargo, la comisión multi partidista de la asamblea continúa su investigación recaudando los insumos y pruebas necesarias para llevar a juicio político al primer mandatario quienes en un principio han decidido ejercer el juicio político con causales como “Delito por omisión”.
Por otro lado, desde la presidencia, se han enviado mensajes que resultan incluso inconsistentes respecto a la lucha contra la corrupción que supuestamente es una prioridad desde el inicio de las funciones del primer mandatario, lo que difiere con el hecho de que en las últimas semanas haya solicitado la renuncia de varios funcionarios de su gobierno involucrados en posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho. Esto encaja con la creciente moción de la asamblea que increpa al ejecutivo haber omitido todos estos casos pues les resulta imposible que los supuestos delitos se hayan suscitado incluso en el palacio de gobierno sin la influencia y el conocimiento del presidente.
Si bien es cierto, el nombre de la investigación reabierta por la fiscalía “Caso Sinohydro” resulta incluso preocupante, pues la empresa china, cuenta con el reconocimiento y el aval de cientos de países en los que esta ha desarrollado mega obras, que han sido cruciales incluso para el desarrollo económico de estos países y obviamente para el desarrollo infraestructural de estos.
Es comprensible que las autoridades deseen proteger la imagen del gobierno y del país en el escenario internacional, pero esto no debe ser a costa de la justicia y la transparencia. Las acusaciones contra SINOHYDRO no deben utilizarse como una excusa para desviar la atención del público de los casos de corrupción en el gobierno actual.
Así también es sumamente criticable el proceder de la fiscalía, lo que da cuenta que esto significaría una devolución de favores, pero, ¿qué favores debe devolver la fiscalía? Para responder esto es necesario voltear y mirar a la consulta popular pasada, en la cual una de las preguntas principales, era dotar de autonomía a esta, sin que exista un ente regulador que se encargue de fiscalizar y aprobar cada uno de sus procesos.
En conclusión, el caso Ina Papers está siendo utilizado de una forma irresponsable y con posibles implicaciones internacionales que pueden costarle al país incluso graves sanciones que serían de cierta manera un gran golpe, pues entre la inestabilidad política, la economía precaria y sobre todo la baja aceptación popular que tienen las autoridades del gobierno las sanciones pueden llegar a ser sumamente perjudiciales. No se debe permitir que las autoridades utilicen este caso como una cortina de humo para distraer la atención de los ciudadanos de los problemas reales y actuales que enfrenta el país. Solo la justicia y la transparencia pueden restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y sentar las bases para un futuro mejor para todos.
Informa Ecuador
Last modified: marzo 3, 2023
