La situación de abusos sexuales contra niñas y adolescentes en Paraguay es dramática, advirtió la organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional en una investigación publicada este miércoles.
«Desde hace tiempo, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes hace estragos en Paraguay. En el caso de las niñas, esto muchas veces termina en embarazos forzados y una niñez y un proyecto de vida truncados», explica el informe, titulado «Un laberinto sin salida: violencia sexual, embarazos e impunidad para niñas en Paraguay», publicado en la página web de la organización.
La investigación, llevada a cabo entre 2019 y 2021, concluye que las más altas autoridades de Paraguay no están escuchando a los profesionales que trabajan dando respuesta a la violencia sexual contra niñas.
Esta situación, denuncia el informe, es el resultado de acciones directas por parte de los perpetradores, pero «también de omisiones del Estado, que no tiene las políticas públicas adecuadas o no cumple con leyes existentes para evitar que los abusos ocurran y remediarlos cuando tienen lugar».
El informe está basado en 36 entrevistas de campo y diez virtuales con expertos y personal estatal de los ámbitos de la salud, la educación, la justicia y la protección de la niñez y la adolescencia y con referentes de la sociedad civil.
Solo en 2019 el Ministerio Público recibió un promedio diario de 12 denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Y en 2020, la línea telefónica gestionada por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Fono Ayuda 147, recibió 3.809 denuncias de malos tratos físicos y psicológicos y 1.032 de abusos sexuales.
Además, los expertos estiman que por cada dos casos que conocen, pueden existir al menos otros diez.
OBLIGADAS A SER MADRES
La mayoría de los abusos, según Amnistía, ocurren en el entorno familiar, a manos del padre, padrastro, vecino o tío de la víctima, una persona cuya responsabilidad es brindar seguridad y protección y que, a menudo, manipula a la sobreviviente para que no hable.
Y en algunos casos, ese abuso resulta en un embarazo.
De hecho, más de 1.000 niñas de 14 años o menos dieron a luz en Paraguay entre 2019 y finales de 2020.
Y en 2019 dieron a luz más de 12.000 adolescentes de entre 15 y 19 años.
Paraguay sigue teniendo algunas de las leyes más restrictivas de las Américas respecto al acceso a un aborto seguro y legal, remarca el informe.
La interrupción del embarazo es un delito penado con prisión, con la excepción de los casos en los que la vida de la gestante corre peligro.
Asimismo, el reporte sostiene que las niñas menores de 15 años tienen cuatro veces más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo, además de correr un mayor riesgo de tener partos prematuros.
En Paraguay, «las niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años representan una de cada diez muertes maternas, y el 13 por ciento de muertes maternas causadas por abortos inseguros», alerta el informe.
En sus conclusiones, el reporte revela que Paraguay no cuenta con un sistema adecuado para prevenir la violencia sexual y proteger a quienes sobreviven a ella.
Al mismo tiempo, los programas de estudio todavía no cuentan con una educación en sexualidad, un elemento clave para brindar conocimientos y aptitudes de niños, niñas y adolescentes para reclamar sus derechos y gozar de protección frente a la violencia.
Por otra parte, alerta que uno de los muchos obstáculos que impiden que las leyes adoptadas sean efectivas, es la «normalización» de las relaciones sexuales entre niñas y hombres adultos, especialmente cuando el hombre puede mantener económicamente a toda la familia de la niña o adolescente.
«En este contexto, niñas provenientes de contextos de marginalidad son particularmente vulnerables a sufrir abusos», afirma la organización.
La investigación señala que forzar a una niña de 14 años o menos a llevar a término un embarazo constituye violencia institucional, lo que puede a su vez constituir tortura y otros malos tratos.
Por eso, recomienda «devolver el poder y la autonomía corporal a sobrevivientes de violación y otras formas de violencia sexual es una parte fundamental del proceso de recuperación»
Es por esto por lo que, a nivel internacional, existe el consenso que los Estados deben garantizar que el interés superior de las niñas embarazadas debe ser priorizado y sus decisiones relativas a su deseo y capacidad de llevar un embarazo a término o no, escuchadas, concluye el informe.
Con información de Agencia Sputnik
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Last modified: enero 29, 2023
